Redacción Bitácoras Políticas | Veracruz, Ver. | 09 Mar 2026
El programa Veracruzana Protegida ha atendido 2,482 solicitudes de ayuda de mujeres víctimas de violencia desde su puesta en marcha hace un año, informó la gobernadora Rocío Nahle García, quien además anunció el impulso de una iniciativa de ley para establecer un sistema estatal de órdenes de protección inmediata.
El anuncio se realizó durante un acto conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer, celebrado en el Teatro de la Reforma, donde la mandataria destacó que el programa opera en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y autoridades municipales para responder de forma rápida a las solicitudes de protección.
Nahle explicó que las órdenes de protección se emiten por juezas o jueces, incluso mediante mecanismos digitales, y permiten activar una respuesta inmediata de las corporaciones de seguridad. Según detalló, en un lapso de 10 a 15 minutos después de la solicitud puede llegar una patrulla al domicilio de la mujer que pide apoyo.
“Son mujeres que han tenido la fortaleza de pedir ayuda. Este mecanismo funciona como una medida preventiva frente a la violencia y el feminicidio”, expresó la gobernadora durante su intervención.
La mandataria adelantó que enviará una iniciativa para crear el Sistema de Órdenes de Protección Inmediata para las Mujeres, con el propósito de convertir el mecanismo actual en una política pública permanente.
La propuesta busca establecer un esquema interinstitucional que permita solicitar, emitir, ejecutar y dar seguimiento a las órdenes de protección para mujeres, adolescentes y niñas. También contempla formalizar el uso de la plataforma digital Veracruzana Protegida como herramienta institucional para la atención de casos.
Como parte de la estrategia estatal de atención a víctimas, Nahle informó que actualmente operan 31 espacios de refugio integral destinados a brindar protección a mujeres que enfrentan situaciones de violencia.
El plan del gobierno estatal contempla construir 17 refugios adicionales durante este año, con lo que la red alcanzaría 48 centros de resguardo y atención en distintas regiones de Veracruz.
Estos espacios ofrecen acompañamiento integral, que incluye atención psicológica, asesoría legal y medidas de seguridad para mujeres que requieren abandonar su entorno inmediato por riesgo de agresión.
Durante el evento, la gobernadora firmó un convenio de colaboración con alcaldesas de diversos municipios, con el objetivo de fortalecer la aplicación del programa en el ámbito local.
El acuerdo fue suscrito con las presidentas municipales de Xalapa, Daniela Guadalupe Griego Ceballos; Poza Rica, Janeth Adanely Rodríguez Rodríguez; Chicontepec, Aristea Fernández de la Cruz; Zozocolco de Hidalgo, Taggassy García Lobato; y San Juan Evangelista, Eloísa Zetina Gómez.
La fiscal general del estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, explicó que la adhesión al convenio implica que las autoridades municipales asumirán la responsabilidad de ejecutar con rapidez las órdenes de protección, principalmente a través de sus policías municipales.
Recordó que el programa opera los 365 días del año y que la primera orden de protección se emitió en municipios del norte del estado.
“Detrás de cada solicitud hay miedo, urgencia y una vida que necesita protección inmediata”, señaló la fiscal al reconocer la participación del Poder Judicial en la emisión de estas medidas.
El acuerdo también establece que los sistemas DIF municipales y los institutos municipales de las mujeres deberán participar activamente en el acompañamiento de las víctimas, con el fin de garantizar atención integral.
Durante el acto, la alcaldesa del puerto de Veracruz, Rosa María Hernández Espejo, subrayó que la lucha por los derechos de las mujeres sigue siendo una prioridad en la agenda pública.
“Cuando faltan derechos, las más afectadas somos las mujeres”, afirmó.
Las autoridades estatales señalaron que la consolidación del programa busca fortalecer la prevención de la violencia de género y mejorar la capacidad institucional para responder a emergencias, especialmente en contextos donde la seguridad y la protección inmediata resultan determinantes para salvaguardar la vida de las víctimas.
La gobernadora Rocío Nahle anunció una iniciativa de ley para institucionalizar |
