Redacción Bitácoras Políticas | Xalapa, Ver. | 31 Ago 2025
A partir del 1 de septiembre de 2025, el rector Martín Aguilar Sánchez dejará de tener validez como autoridad ejecutiva y representante legal de la Universidad Veracruzana (UV), de acuerdo con colectivos universitarios que cuestionan la prórroga otorgada por la Junta de Gobierno, la cual —afirman— carece de sustento jurídico.
La agrupación Red UV por la Legalidad sostiene que el procedimiento adoptado por la Junta violó principios de autonomía, legalidad, transparencia, imparcialidad y máxima publicidad, al crear un mecanismo no contemplado en la legislación universitaria. Según el documento difundido, las leyes Orgánica y de Autonomía de la UV no prevén la figura de prórroga rectoral, sino únicamente la designación mediante convocatoria pública.
Entre las consecuencias señaladas se encuentran la invalidez de los actos firmados por Aguilar Sánchez, incluyendo títulos, diplomas, constancias y acuerdos académicos o administrativos, los cuales podrían ser impugnados judicialmente. También se advierte sobre un posible retraso en la aprobación de planes de estudio, movilidad, becas y el presupuesto anual, lo que impactaría directamente a los servicios para estudiantes, como bibliotecas y laboratorios.
El comunicado subraya que la Junta de Gobierno se arrogó atribuciones que corresponden al Congreso del Estado, al interpretar y modificar de facto disposiciones de la Ley de Autonomía y la Ley Orgánica de la UV. “El método utilizado para otorgar la prórroga fue inventado”, acusa el colectivo, lo que constituiría una afectación a los derechos humanos y universitarios de aspirantes a la rectoría y de toda la comunidad.
Los críticos advierten que mantener a un rector sin nombramiento legítimo generaría un estado de incertidumbre jurídica y política dentro de la universidad, además de vulnerar el principio del interés superior del estudiante previsto en la Ley General de Educación Superior.
